Ni para confiar en la inteligencia de nuestras autoridades a cargo de gestionar el tema presente de la inseguridad ciudadana, que ya hace tiempo se les escapó de las manos. Insistir en una estrategia que simplemente no funcionó esperando esta vez resultados diferentes no los deja muy bien parados.
Ante la opinión pública, esta nueva declaratoria de “Estado de Emergencia” en Lima, incluida la provincia constitucional del Callao, no es más que otro mero saludo a la bandera. Y -ante la experiencia anterior- no representa pues garantía de nada.
De allí la preocupación y justificado fastidio de la población.
Si bien la inclusión de nuestras Fuerzas Armadas -específicamente, la presencia del Ejército patrullando las calles junto a la Policía Nacional- era una medida ampliamente solicitada, su efectividad se vio limitada por las restricciones impuestas a su accionar. Sin directrices claras sobre cómo enfrentar la delincuencia, su despliegue resultó únicamente un elemento decorativo más, sin llegar a cumplir siquiera un rol disuasivo.
La participación de nuestros militares en el combate contra la criminalidad, tendría que ser, definitivamente, más contundente.
Quienes diseñan las políticas de seguridad ciudadana, desde la presidencia, pasando por el ministerio del interior, asesores y consejos responsables, deberían estar haciendo un mejor trabajo en vez de evidenciar -sin vergüenza alguna- su poca voluntad, ineptitud o incapacidad. Si de nuestros mismos impuestos están cobrando, es lógico que se exija de ellos mayor celeridad.
Perdemos terreno con cada día que pasa y nuestro país se desangra.
La extorción, el sicariato y la presencia de bandas organizadas han tomado el Perú por asalto convirtiéndolo hoy en tierra de nadie.
Mientras tanto, congresistas de diferentes bancadas han presentado hasta cuatro mociones de censura contra el ministro del Interior, Juan José Santiváñez. La más reciente, impulsada por Fuerza Popular tras el asesinato del cantante de Armonía 10, Paul Flores, será debatida en los próximos días por el pleno.
¿Qué podemos de todo ello esperar? Con el desprestigio del que gozan nuestros “padres de la patria”, sinceramente, nada.
No debemos olvidar que desde ese mismo Congreso han salido leyes que, lejos de combatir la delincuencia, han terminado beneficiando al crimen organizado dotándoles de impunidad. ¿Entonces?
El problema no se limita al Legislativo. Otras instituciones, como el Poder Judicial -de quien se dice estaría políticamente infiltrado- también enfrentan una grave crisis de credibilidad, pues en muchas ocasiones han dejado en libertad delincuentes capturados por la Policía, que son incluso hasta reincidentes, argumentando no encontrar en ellos mayor culpabilidad o, peor aún, victimizándolos.
Ahora sale la presidenta Dina Boluarte a hablar -de manera populista- de la pena de muerte, a sabiendas que resulta casi un imposible su aplicación en nuestro país por convenios suscritos internacionalmente (Pacto de San José), además de no encontrase contemplada en nuestra Constitución, salvo para los delitos de traición a la patria en casos de guerra externa.
Aún así, ella insiste para la cámara. Sabe bien de la demanda que tenemos los peruanos en ese sentido, hastiados con tantos casos de violación de menores y asesinatos sucedidos. Si realmente tuviera esa intención presentaría una iniciativa legislativa al Congreso, que es la vía formal (a saber, de cuantos años termine esto demorando). Al menos ese sería un primer paso. Su real preocupación, sin embargo, estaría en ese 93% de desaprobación que tiene, al punto incluso de culpar a la prensa de su impopularidad.
La situación es sumamente grave y debemos denunciarla, compatriotas inocentes vienen siendo asesinados casi cotidianamente -y no se trata solo del cantante de la orquesta Armonía 10-. Ya nadie puede estar seguro si al salir de su casa va a regresar. Es la realidad que vivimos y no una percepción o parecer particular, como algunos por ahí tratan de insinuar. Hay que ser más responsables.
La delincuencia se cobra la vida de ciudadanos y comerciantes honestos, los amenaza, les cobra cupos, asaltan o atentan con explosivos sus locales. No los deja trabajar. Muchos se ven obligados a alejarse. El miedo desanima el emprendimiento
La demanda de la ciudadanía a sus autoridades. Exigiendo mayor protección y seguridad en las calles es legítima.
La respuesta del gobierno, sin embargo, no convence -siendo más de lo mismo- ni consigue hasta el momento reducir la creciente ola de delincuencia que alcanza ya niveles alarmantes.
La desesperación ante estos hechos -muchas veces casos de homicidios horrendos- hace que el pueblo levante la voz y amenace con salir a protestar y pedir -frente al azote despiadado de la delincuencia- se preocupen nuestros gobernantes por frenar los secuestros, por proteger a nuestros niños. La defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad son el fin supremo de la sociedad y del estado; contemplado esto en el Artículo 1 de nuestra Constitución. No le queda otra al peruano de a pie que acogerse a su derecho a manifestarse dentro del marco que le permite la legalidad.
Por ello, es crucial mantenerse alerta ante la posible infiltración de colectivos oportunistas, portadores de ideologías extremas. No sería la primera vez que grupos violentistas aprovechen situaciones como esta para desestabilizar el orden mediante el caos. Sin embargo, será fácil identificarlos, pues nadie que recurra a la violencia podrá afirmar sinceramente que busca la paz.
Asimismo, la ambición de ciertos candidatos que intenten aprovechar la coyuntura como una vitrina mediática para sus propios intereses. Afortunadamente, estamos cada vez más informados como para dejarnos engañar con facilidad.
Autoridades, a ponerse los pantalones y a combatir con mano dura las bandas de facinerosos y maleantes que creen tenernos en jaque.
Como bien dijera hace poco el presidente de El Salvador, Nayib Bukele: “No hay gobierno que no pueda eliminar la delincuencia (…) El Estado siempre es más fuerte que cualquier organización criminal”. A tomar eso en cuenta.
Mayor voluntad entonces, mayor unidad, compromiso, acción y decisión política, que es lo que en estos momentos se necesita por el bien de nuestra patria.