Durante el primer semestre de este año se ha incrementado casos de feminicidio y de desaparición de mujeres adultas, niñas y adolescentes. Según la Defensoría del Pueblo hasta junio último se ha reportado 78 casos de feminicidios lo que representa un 11.4 %, más de lo que se registró en el mismo periodo del año pasado con 70 casos.
Tener presente que marzo, fue el mes con más feminicidios, 16 casos. Otros hechos de violencia refieren a la desaparición de mujeres, niñas y adolescentes. En el caso de mujeres adultas, la cifra al cierre del primer semestre de 2025 refleja un aumento del 31 % respecto al mismo periodo del año anterior; mientras que, en el caso de la desaparición de niñas y adolescentes, el incremento es del 41 % al comparar los mismos periodos.
Cada mes, la institución publica el reporte “Qué pasó con ellas”, en el que trata la problemática de la desaparición de mujeres y feminicidios en todo el país. En junio que fue su última edición, correspondiente, se elevó a un13 % en las alertas por desaparición de mujeres emitidas al cierre del primer semestre de este año, en relación a las emitidas en el mismo periodo de 2024.
Frente a esta situación alarmante, la Defensoría del Pueblo considera urgente que se apliquen acciones inmediatas para reducir las cifras de violencia. En primer lugar, el Ministerio del Interior y el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables deberían coordinar la aprobación de un nuevo protocolo interinstitucional de atención de casos de desaparición de personas en situación de vulnerabilidad.
Actualmente se cuenta con varias modificaciones del marco normativo nacional y se ha actualizado el reglamento, buscando mejorar el procedimiento de geolocalización, la difusión de la Alerta Amber, entre otros aspectos. No obstante, la Defensoría del Pueblo insiste en que es necesario contar con un protocolo interinstitucional que permita el conocimiento a fin de asegurar el manejo eficiente de las rutas de atención, la oportuna atención y la adecuada articulación de las entidades involucradas.
Por otro lado, en el actual contexto de incremento de la tolerancia a la violencia contra las mujeres, que es de 75,5 %, conforme a la última Encuesta Nacional sobre Relaciones Sociales (Enares 2024), es necesario que el personal que atiende casos de violencia contra las mujeres sea capacitado y especializado, estimulando una actuación inmediata.
Es importante que el Ministerio del Interior incluya la alerta Amber para personas con discapacidad en el Sistema de Búsqueda de Personas Desaparecidas, conforme a la Ley n.° 32305. Recordar que, esta ley modificó el Decreto Legislativo n.°1428, por medio del cual se desarrollaron medidas para la atención de casos de desaparición de personas en situación de vulnerabilidad.
De acuerdo con la institución, la urgencia de esta medida radica en que ha transcurrido más de 90 días desde que entró en vigencia la Ley n.° 32305, por lo que la falta de su implementación impide que las autoridades encargadas de las investigaciones cuenten con instrumentos actualizados en casos de mujeres desaparecidas con discapacidad.
Por último, la Defensoría del Pueblo, hizo un llamado a los gobiernos regionales y locales, para que, a través de las instancias de concertación frente a la violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar, fortalezcan sus actuaciones tanto en el ámbito de la prevención, como en la atención de esta grave problemática. Ante ello, se debe incentivar campañas de sensibilización a la ciudadanía frente a los prejuicios y tolerancia hacia la violencia de género; difundir las rutas de atención local y los números gratuitos de atención como la Línea 100 y 114.