Se cumplieron hoy domingo 34 años del autogolpe perpetrado por el presidente de aquel entonces, ingeniero Alberto Fujimori, un 5 de abril de 1992. Un acontecimiento que marcó un antes y un después en la historia de nuestra patria. Reducido comúnmente a un corto de video, presentado todos los años en esta fecha, con la recordada y repetida palabra: “disolver, disolver”, pronunciada por el ya fallecido exmandatario, hemos querido ofrecer en esta oportunidad, para todos ustedes, una versión (en video) un poco más extensa.
Además del pretexto, justificación o excusa que utilizara Fujimori en su mensaje a la nación, transmitido aquel 5 de abril en cadena por televisión nacional, cuando los relojes marcaban ya poco más de las 10 de la noche.
¿Qué había motivado, pues, una medida tan radical como un autogolpe?
Los que pasamos ya los 50 años no nos quedamos solo con el recuerdo de aquel: “Disolver, disolver temporalmente el Congreso de la República…”, sino que recordamos aún más. Principalmente, que nos encontrábamos en medio de un contexto muy particular: una profunda crisis económica, producto de la hiperinflación heredada, y una violencia terrorista que tenía al país en zozobra. La población demandaba, tal como hoy, respuestas rápidas, mientras el Congreso —así como el Poder Judicial, que constantemente liberaba delincuentes-terroristas— no gozaban en absoluto de la simpatía ciudadana. Por ello, este autogolpe, respaldado además por nuestras Fuerzas Armadas —que, ni bien concluido el mensaje, sacaron a las calles sus tanques y soldados— tuvo, casi de inmediato, aprobación popular.
Había aparecido el entonces presidente Alberto Fujimori con un mensaje a la nación claro, directo y enérgico. Inició su alocución destacando algunos de los logros económicos de su gestión, como el control de la inflación y la reinserción del país en el sistema financiero internacional. Sin embargo, advirtió que no se podía seguir avanzando debido a lo que calificó como una descomposición de la institucionalidad vigente. En ese marco, responsabilizó al Poder Legislativo y al Poder Judicial de inoperancia y corrupción, así como de no estar alineados con los intereses nacionales, acusándolos además de obstaculizar la acción del Gobierno.
Asimismo, el mandatario denunció la actitud obstruccionista y las conjuras encubiertas de las cúpulas partidarias contra su gobierno. “Estas cúpulas, expresión de la politiquería tradicional, actúan con el único interés de bloquear las medidas económicas que conduzcan al saneamiento de la situación de bancarrota que, precisamente, ellas dejaron”.
En su recuento, el jefe de Estado cuestionó la actuación del Parlamento en la lucha contra el narcotráfico, señalando como ejemplo la derogación del Decreto Legislativo n.º 736, que —según afirmó— dejaba al país sin herramientas eficaces para sancionar el tráfico ilícito de drogas. Lo mismo que pasa muchas veces hoy cuando se trata de penalizar actividades ilícitas de la minería ilegal.
También criticó la aprobación de la Ley n.º 25397, denominada Ley de Control Parlamentario sobre los Actos Normativos del presidente de la República, al considerar que recortaba sus facultades para gobernar, especialmente en materia económica y en la lucha contra el terrorismo, que por aquel entonces prácticamente ya nos sobrepasaba.
En esa misma línea, denunció el incremento del presupuesto del Congreso y la ampliación de beneficios como las cédulas vivas para exparlamentarios. Un señalamiento que —como bien podría compararse con debates actuales— apuntaba a privilegios cuestionados desde la ciudadanía, como las pensiones vitalicias.
En cuanto a la administración de justicia, Fujimori sostuvo que esta se encontraba dominada por el sectarismo político, la venalidad y la irresponsabilidad. «El país está harto de esta realidad y desea soluciones. Quiere un sistema de administración de justicia eficaz y moderno, que constituya plena garantía para la vida ciudadana”, sentenció.
El presidente afirmó que ni el Parlamento ni el Poder Judicial actuaban como agentes de cambio, sino como frenos al desarrollo. Acto seguido, anunció la medida que marcaría el quiebre institucional:
“Disolver, disolver temporalmente el Congreso de la República, hasta la aprobación de una nueva estructura orgánica del Poder Legislativo, la cual se aprobará mediante un plebiscito nacional”.
Además, dispuso la reorganización del Poder Judicial, el entonces Consejo Nacional de la Magistratura, el Tribunal de Garantías Constitucionales, el Ministerio Público y la Contraloría General de la República, con el objetivo —según indicó— de lograr una fiscalización más eficiente.
Un gobierno de emergencia y reconstrucción nacional
El jefe de Estado anunció que su gestión continuaría bajo la figura de un Gobierno de Emergencia y Reconstrucción Nacional. Entre sus objetivos, mencionó la modificación de la Constitución, la reforma del sistema judicial, la modernización del Estado y la pacificación del país dentro de un marco legal más severo frente al terrorismo y el narcotráfico.
Asimismo, propuso medidas orientadas a fortalecer la economía de mercado, combatir la corrupción y mejorar la eficiencia del aparato estatal, en un contexto marcado por una pesada carga burocrática y una severa crisis económica.
Presencia militar y reacción nacional e internacional
Tras el anuncio, tropas de las Fuerzas Armadas tomaron diversas instituciones públicas, entre ellas el Congreso, el Poder Judicial, el Ministerio Público y medios de comunicación, en una clara señal del quiebre del orden constitucional.
Se produjeron además detenciones de figuras políticas como Abel Salinas y Agustín Mantilla, así como la persecución del expresidente Alan García, buscado incluso —según se supo después— en su domicilio, de donde logró escapar refugiándose en un tanque de agua de una vivienda vecina, para posteriormente solicitar asilo diplomático a Colombia.
En el plano interno, el autogolpe encontró un respaldo significativo en la población. Según encuestas de la época, un alto porcentaje de ciudadanos apoyó la disolución del Congreso y la intervención del sistema judicial, tan criticado como el de ahora.
Sin embargo, la reacción internacional fue de rechazo. Diversos gobiernos y organismos como la Organización de los Estados Americanos (OEA) condenaron la ruptura del orden democrático. Países como Venezuela, Argentina y Colombia adoptaron medidas diplomáticas, mientras que Estados Unidos suspendió su ayuda económica al Perú.
Finalmente, la presión internacional llevó a la convocatoria de elecciones para conformar el Congreso Constituyente Democrático, encargado de redactar la Constitución de 1993.
Un dato no menor es que varios de los congresistas del Parlamento disuelto volvieron a participar en la vida política y postularon en los comicios convocados tras el quiebre institucional. En paralelo, el entonces vicepresidente Máximo San Román intentó asumir la presidencia de la República invocando la sucesión constitucional, en abierta oposición al autogolpe; sin embargo, su proclamación no tuvo control efectivo del poder ni respaldo suficiente para revertir los hechos.
Así, entre intentos de restitución institucional y una nueva convocatoria a elecciones, el país transitó hacia un proceso que, con el tiempo, terminaría reconfigurando el sistema político, dando paso al Congreso Constituyente Democrático y a una nueva Carta Magna.
El autogolpe del 5 de abril de 1992 redefinió la historia política del Perú. Para algunos, representó una decisión necesaria en medio del caos; para otros, un grave atentado contra la democracia. Treinta y cuatro años después, el debate sigue abierto.