La Primera Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima Centro (Tercer Despacho), a cargo de la fiscal Janny Sánchez Porturas, obtuvo una sentencia de cinco años de pena privativa de libertad, suspendida por un periodo de prueba de cuatro años, para Máximo Sánchez, exgeneral de la Policía Nacional del Perú.
Durante el juicio que, entre 2010 y 2015, la fiscal adjunta provincial Katerin Yeni Ramirez Ccopa demostró que el sentenciado incrementó ilícitamente su patrimonio en S/ 250 190.56, mientras ejercía altos cargos de mando en zonas estratégicas como el Vraem y el Huallaga, así como la dirección de la Región Policial Junín.
El ocultamiento deliberado de activos fue comprobado mediante una pericia financiera demostrando que el acusado realizaba depósitos masivos en cuentas a plazo fijo que alcanzaban los S/ 400 000.
Pese a todo, en sus declaraciones juradas presentadas ante la Contraloría General de la República, el oficial afirmaba bajo juramento no poseer ahorros ni inversiones para intentar evadir el control estatal sobre su fortuna real.
Cabe determinar que el exalto mando policial no pudo acreditar la legalidad de los fondos y que dicho dinero correspondía a ahorros familiares o un estilo de vida austero.
Por esta razón, fue inhabilitado a ejercer cargos públicos por un año y también se le impuso el pago de una reparación civil de S/ 300 190.56, que incluye la devolución del monto defraudado al patrimonio público y una indemnización por el daño causado a la imagen del Estado.
Con este fallo de primera instancia, el Ministerio Público ratifica su compromiso en la persecución estratégica de la corrupción en los más altos niveles de la función pública.