Tras luchar durante cinco días en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Belén de Trujillo, falleció el vigilante que fue violentamente embestido y aplastado contra la pared de la vivienda que custodiaba en la urbanización Palmas del Golf, en el distrito de Víctor Larco Herrera.
Su estado crítico, producto de las graves lesiones sufridas tras ser impactado por el vehículo Mercedes-Benz conducido por Maricsa Polet Alfaro Cerna (34), terminó finalmente por apagarle la vida, desatando además indignación entre familiares, vecinos y ciudadanos que hoy cuestionan no solo el accidente en sí, sino también la manera en que las autoridades habrían manejado el caso desde un inicio.
Y es que, mientras una familia llora ahora la muerte de un hombre que simplemente cumplía con su trabajo, la mujer señalada como responsable continúa en libertad.
El hecho ocurrió la noche del pasado domingo, cuando la camioneta de alta gama terminó impactando brutalmente contra el vigilante, identificado como Juan Martínez Torres, de 54 años. Las imágenes posteriores al accidente —que rápidamente circularon en redes sociales— mostraban la violencia del choque y al trabajador atrapado entre el vehículo y el muro de la vivienda.
Sin embargo, conforme pasaron las horas, lo que parecía un caso evidente comenzó a rodearse de cuestionamientos.
Uno de los puntos que más ha llamado la atención es la existencia de un parte inicial en el que, según trascendió, se consignaba una supuesta “caída de altura”, versión que no guardaría relación con lo ocurrido y que ha generado sospechas sobre un posible intento de minimizar o distorsionar los hechos.
A ello se suma la información difundida respecto al estado en el que se encontraba la conductora al momento del atropello. El dosaje etílico practicado arrojó —según se ha venido difundiendo— 1.84 gramos de alcohol por litro de sangre, una cifra escandalosamente superior al límite permitido para conducir y que agrava aún más la responsabilidad sobre lo sucedido.
Pese a ello, la polémica creció todavía más luego de conocerse que la mujer recuperó su libertad por disposición fiscal, argumentándose —según se informó— que no existían elementos suficientes para solicitar una medida más severa en ese momento.
Pero quizá uno de los aspectos que más indignación ha provocado es que la conductora habría estado manejando además con la licencia vencida al momento del atropello.
Pero quizá uno de los aspectos que más indignación ha provocado es que la conductora habría estado manejando además con la licencia vencida al momento del atropello. Una situación que, según se ha conocido, habría impedido incluso la activación de la cobertura del SOAT en favor de la víctima, dejando a la familia afrontando no solo el dolor de esta tragedia, sino también las consecuencias económicas derivadas de la atención médica y el sepelio.
Es decir, un hombre termina muerto; existen los videos de las cámaras de seguridad, un dosaje etílico sumamente elevado, dudas sobre la documentación consignada inicialmente y una licencia presuntamente vencida. Y aun así, la principal involucrada afronta el proceso en libertad.
Familiares de la víctima exigieron justicia y una investigación transparente, señalando además que sienten que el caso estaría siendo tratado con excesiva benevolencia. Vecinos y ciudadanos, por su parte, no tardaron en expresar también su indignación, cuestionando duramente cómo, pese a todos los elementos conocidos, el sistema terminó permitiendo que la responsable abandone las dependencias judiciales.
Además de exigir una sanción ejemplar, los deudos vienen solicitando apoyo solidario para poder cubrir los gastos del sepelio, sumidos hoy en un dolor inmenso por una pérdida que consideran absolutamente evitable.
Mientras tanto, en redes sociales y entre la propia ciudadanía trujillana, el caso ha empezado a convertirse en símbolo de una indignación mucho más profunda: la sensación de que, dependiendo de quién seas o de lo que tengas, la justicia puede terminar avanzando a velocidades muy distintas.
Porque hoy no solo ha muerto un vigilante.
También vuelve a golpearse la ya debilitada confianza de muchos peruanos en sus instituciones.