Gobierno de Pedro Castillo amenaza la libertad de expresión

A través de un proyecto de ley que penaliza la filtración de información fiscal, gobierno pretende de alguna manera “amordazar” a la prensa que por estos días viene revelando diversas investigaciones a funcionarios del estado por los presuntos delitos de corrupción en los que estarían implicados y cuyas sospechas llegarían incluso hasta el mismo presidente Castillo.

De ahí el desmesurado afán por impedir a toda costa que la ciudadanía tenga información fidedigna sobre los actos de corrupción que puedan vincularlo directamente con el caso Puente Tarata.

Han presentado para ello al Congreso de la República un proyecto de ley que busca castigar penalmente a los jueces, fiscales, policías y otros funcionarios públicos, hasta con 4 años de pena privativa de la libertad, por entregar o facilitar información sobre casos penales que están en etapa de investigación en el Ministerio Público.

Esto coincide, a manera casi de una respuesta inmediata, a la investigación preliminar abierta por la Fiscalía de la Nación en contra del señor Pedro Castillo Terrones, por presuntos delitos de corrupción de funcionarios, además de todo lo que se viene conociendo a través de las revelaciones del detenido empresario Zamir Villaverde y las numerosas imputaciones en contra del señor Juan Silva, ex Ministro de Transportes y Comunicaciones, actual prófugo de la justicia.

La intención, contenida en esta pretendida ley, constituye por sí sola una amenaza a la libertad de prensa y de expresión en nuestro país.