
La embestida del Congreso de la República contra la Junta Nacional de Justicia (JNJ) es ya el zarpazo definitivo para que en este país desaparezca el principio Mostesquiano de la separación de poderes -piedra angular de todo régimen político que se precie democrático- y no se necesita ser un egregio constitucionalista para darse cuenta.
La aprobación exprés de una moción para que la Comisión Justicia del Congreso investigue sumariamente a los integrantes de la JNJ no puede tener otra interpretación que la expresada en el párrafo anterior. la JNJ es el organismo que reemplazó al putrefacto Consejo Nacional de la Magistratura se acuerdan de los hermanitos, los audios de la vergüenza, al tal Camayo mencionando en un audio la famosa frase señora K, al inefable y actual prófugo Cesar Hinostroza, el bufonesco personaje de Ivan Noguera conocido como doctor rock, todo eso y otras perlas salieron a la luz y terminaron con la destitución de sus miembros -aquella vez sí con toda justificación- de esa nefasta institución.
La JNJ fue legitimada por la voluntad popular mediante referéndum el 2018, es un colegiado integrado por 7 miembros y su función principal es el nombramiento y destitución de jueces y fiscales del Poder Judicial y Ministerio Público, así como de los que conforman nuestro sistema electoral.
Tomando esto en cuenta, el intento de destituirlos por parte del congreso no puede dar pie más que a una interpretación: el poner otro a su medida, para desde ahí controlar los nombramientos del Ministerio Público, Poder Judicial y sistema electoral; más claro ni el agua.
Ha sido una mayoría absoluta la que ha aprobado está moción para que la Comisión de Justicia del congreso conformado por mocha sueldos y niños emita un informe en un máximo de 14 días. Solo dos bancadas y algunos no agrupados se han opuesto; tomar en cuenta esto para futuras elecciones.
La alianza ya no tan tácita pero supuestamente contra natura entre el sector magisterial del congreso que está dispuesto a ceder lo que sea con tal que pueda ejercer la docencia sin ningún tipo de control de calidad, la extrema izquierda representada por Perú Libre con los sectores de derecha que van desde Fuerza Popular pasando por Renovación Popular hasta Podemos y el ya irreconocible Acción Popular entre otros, sumando la alianza cada vez más explícita con el ejecutivo abonan la tesis de que hay un pacto de gobernabilidad espuria y de espaldas a los intereses ciudadanos.
El desmantelamiento de la SUNEDU y con ello la reforma universitaria, la abolición de toda meritocracia en la carrera magisterial, el TC legitimando todas las tropelías del congreso, el Ministerio Público representado por la señora de las tesis pérdidas y otros anticuchos, el Defensor del Pueblo a su medida y ahora de concretarse el atropello a la JNJ, con acusaciones que nadan entre el ridículo y el descaro, estaría terminado el desmantelamiento institucional democrático y con ello la impunidad garantizada. ¿Por qué? Pues porque los que elegirían a los nuevos integrantes de la JNJ serían los titulares de las instituciones mencionadas. No se necesita ser tan suspicaz ¿verdad?
¿Qué toca? la legítima protesta ciudadana.
Por: Augusto Cárdenas ✍
Sociólogo