La semana pasada se cumplieron seis meses de Dina Boluarte a la
cabeza de la Presidencia de la República. Sin nada positivamente
resaltante en su gestión de medio año -más allá de que algunos de
sus ministros son menos impresentables que el de su antecesor-
Todo aquello pasa desapercibido debido a que su legitimidad en el
gobierno está seriamente en duda por parte de la ciudadanía, esto
se expresa en su aprobación de casi un dígito según los sondeos
estadísticos.
Al menos que uno esté ciegamente ideologizado o su capacidad de
raciocinio obnubilado -bueno, lo uno genera lo otro- estará de
acuerdo con que Pedro Castillo intentó dar un golpe de estado
aquel siete de diciembre del año pasado. Acto tan obtuso y
sideralmente torpe, ya que intentar hacer una maniobra como esa
sin asegurarse el respaldo de las Fuerzas Armadas es ser un
kamikaze en política y no se necesita ser un Henry Kissinger para
saberlo.
Sucedido el hecho y preso Castillo, el cauce constitucional
ordenaba a la entonces vicepresidenta asumir el cargo.Eso era lo
que correspondía y eso era la legalidad.La presidencia de Boluarte
es legal pero ¿tiene legitimidad?
Desde hace ya un buen tiempo el centro en el espectro político está
casi desaparecido o fragmentado al extremo, el proceso electoral
polarizador de donde sale Castillo estrechamente triunfante tuvo
más de artificioso que real.
Esta condición se refleja en el congreso elegido en ese mismo
proceso eleccionario. Un congreso tomado por los extremos de
izquierda y de derecha. Siendo esto así lo sensato hubiera sido que
Boluarte anuncie en su toma de mando lo transicional de su
gobierno y no dejar ningún margen de duda en que se contaria con
nuevas elecciones.La derecha en concordancia con su tesis del
fraude electoral que tanto balbuceo hasta el ridículo le tocaba
exigirlo. Pero lejos de eso la acobijo no sintiendo ningún pudor por
tamaña incoherencia.
Hoy congreso y ejecutivo están más juntos que nunca y la derecha
no ha tenido empacho en mostrar su lado más reaccionario; la
represión a sangre y fuego de las legítimas manifestaciones
ciudadanas a comienzos de año dejando como saldo mortal 49
muertos es la mayor prueba de ello. Esto se agrava si tomamos en
cuenta que gran parte de las víctimas mortales ni siquiera tomaban
parte de las manifestaciones. Sin embargo, los informes de
entidades internacionales de defensa de los Derechos Humanos y
sobretodo el de la Comisión de Derechos Humanos CIDH han sido
contundentes en afirmar que en el Perú se ha perpetrado graves
violaciones a estos derechos. El informe de la CIDH si bien no es
resolutiva sí que será un documento gravitante en el legajo
probatorio que se presentará cuando tarde o temprano Boluarte y
su premier Otarola y todos que tomaron parte en ello rendirán
cuentas a la justicia internacional o nacional -Si es está última dudo
que sea con Benavides como fiscal de la nación-.
Pero al regimen no le entran balas y su carácter democratico cada
vez deja más dudas; en efecto, primero fue la toma de la SUNEDU y
con ello el desmantelamiento de la reforma universitaria- algo de las
pocas cosas positivas que se ha hecho en los últimos años-; luego el
TC que le ha permitido prácticamente al congreso tener iniciativa de
gasto entre otras perlas; la elección del señor Gutierrez como
Defensor del Pueblo, elección que está en las antípodas de lo
meritocrático; la toma de la ATU para favorecer a los sectores
informales del transporte urbano en la capital, el acoso cada vez
más descarado a la Junta Nacional de Justicia, ente clave en la
elección de jueces y fiscales; Proyectos de ley para salirnos del
Sistema Interamericano de Justicia presentados por congresistas de
bancadas ultraderechistas y hoy aliadas del gobierno, Proyecto
legislativo que de concretarse nos convirtirian en un paria jurídico
internacional como Venezuela o Nicaragua, modelos de países que
supuestamente la derecha quiere evitar en que nos convirtamos –
otra incoherencia-. Estas y otros actos más son pruebas del
carácter autoritario y antidemocrático que va tomando el gobierno
de Boluarte.
La sucesión de Dina Boluarte es constitucional, por tanto era
legal. Pero su actuar y proceder violatorio y antidemocrático lo
deslegitima. Urge retomar el tema de adelanto de elecciones pero
solo se hará con la presión y movilización ciudadana.
Por: Augusto Cárdenas ✍
Sociólogo