Sobre la demanda contra el estado peruano del terrorista Polay aceptada por la CIDH

Sorprendidos y no menos indignados los peruanos, al conocer de la demanda, aceptada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), ante el reclamo del terrorista, ex líder del Movimiento Revolucionario Tupac Amaru (MRTA), Víctor Polay Campos.

Inconcebible pensar como un personaje que a mediados de la década de los ochenta liderara en nuestro país toda una asonada que incluyó desde asaltos a agencias bancarias, secuestros a empresarios y demás acciones delictivo-terroristas como atentados y violencia armada, pretenda hoy exigir, demandar al estado peruano, argumentado el haber padecido condiciones carcelarias inhumanas estando recluido, como es lógico, por sus crímenes cometidos.

No debiéramos olvidar el cruel atentado, perpetrado por el MRTA, contra la vida del exministro de Defensa, general Enrique López Albújar (hijo del escritor indigenista Enrique López Albújar), emboscado y ultimado a tiros mientras se desplazaba en su vehículo por la vía expresa, en enero de 1990. Para quienes son más jóvenes y no escucharon de esto, investiguen.

Resulta por todo ello inconcebible, toda exigencia hoy de terroristas que solo ocasionaron al Perú un daño irreparable en pérdidas económicas y humanas; todo el terror y derramamiento de sangre que pretendieron justificar con su demencial propuesta e imposición política.

En diciembre de 1996 el MRTA ingresó por sorpresa a la residencia del embajador de Japón, tomando como rehenes a los asistentes a una recepción por el cumpleaños del embajador de ese país, exigiendo a cambio de sus vidas la liberación de sus camaradas presos por terrorismo. Tensa situación que se vivió por meses y que puso al Perú en los ojos del mundo. Afortunadamente, estando en febrero ya de 1997, fuerzas combinadas del Ejército y Marina de nuestro país ingresaron al rescate de las personas allí secuestradas, liberándolas. Solo uno de los rehenes, el magistrado Carlos Giusti, herido en una pierna, perdió la vida a causa de una fuerte hemorragia. Dos valerosos comandos también murieron en esta acción, ellos eran el coronel E.P. Juan Valer Sandoval y en capitán E.P. Raúl Jiménez Chávez.

Demandas como la del ex cabecilla terrorista, líder del MRTA, Víctor Polay Campos, ¡aceptada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)! Una demanda contra el Estado peruano, cuyo único objetivo sería el de conseguir una reparación económica.

¿Cómo es posible que instituciones de “derechos humanos” no tomen en cuenta todas las violaciones de los mismos cometidos por estos crueles elementos y terminen incluso en más de una ocasión, dándoles la razón?

El Perú ha pagado hasta el momento, cientos de miles de dólares en reparaciones económicas a terroristas, aceptando la presión de estos organismos, mientras que sus víctimas han quedado en el olvido.

Sépase también que la demanda hecha por el terrorista Polay Campos no es nueva. De esta se tuvo conocimiento durante la gestión del expresidente Francisco Sagasti, pues el Estado peruano recibió la notificación de que había un procedimiento (no admitido en ese entonces) en marzo del 2021.

Hoy, esa demanda ha sido ya admitida por la Corte Internacional de Derechos Humanos (CIDH) y la respuesta del Perú, en ese sentido, no debiera ser otra que la negativa contundente de ceder a toda presión o pretensión en favor de ese ex cabecilla terrorista.

Muchos otros, ya liberados y económicamente indemnizados, gozan hoy de una buena vida en el extranjero, en países de Europa incluso, donde pasean con libertad y sin aparente remordimiento.

No es posible pues que todo ese dinero, pagado a terroristas que tanto daño nos hicieron, reste al presupuesto para la atención a cunas infantiles, comedores, alberges, desayunos escolares y tantas necesidades que tiene nuestra población.

No perdamos de vista este caso, documentémonos de cómo se viene dando el tratamiento a casos similares, de quienes nacen todas estas exigencias, quienes las admiten y quienes las permiten.

Toda presión o pretensión, intención de ocasionarnos perjuicios, parta de cualquier institución, nacional o extranjera o de cualquier personaje que vaya en contra del Perú – al margen de cualquier convenio suscrito – debemos de verdad repensarlo. Pues nada podemos permitir sobre los supremos intereses de nuestra nación o sobre el bienestar de su gente.

En esto, que nos quede claro, debemos ser contundentes.

Por: Christian Loureiro
noticias@laotraprensa.com