Una vez más, salir a estudiar se convierte en un problema. Estudiantes universitarios salieron hoy miércoles 22 de abril a las calles para protestar contra lo que consideran un incremento abusivo e intempestivo en el costo de los pasajes del transporte público, una medida que —sin previo aviso y con argumentos que se repiten en el tiempo— vuelve a golpear directamente el bolsillo de quienes dependen a diario de este servicio.
El alza, según transportistas, encontraría explicación en factores como la escasez de gas o el impacto de conflictos internacionales en el precio de los combustibles. Sin embargo, para los estudiantes —y buena parte de la ciudadanía— estas justificaciones no hacen sino reabrir una discusión que nunca se cerró. Durante la pandemia, con menos pasajeros en circulación, las tarifas subieron. Pero, como muchos recuerdan, nunca volvieron a bajar.
Hoy, el patrón parece repetirse.
En Lima, estudiantes de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, la Universidad Nacional Federico Villarreal, la Universidad Peruana Cayetano Heredia y la Universidad Nacional Agraria La Molina se movilizaron para expresar su rechazo, sumándose a una protesta que también se replicó en regiones. En Arequipa, alumnos de la Universidad Nacional de San Agustín alzaron su voz, mientras que en Cusco lo hicieron estudiantes de la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco, entre otras casas de estudio.
La principal concentración en la capital se dio desde las 5 de la tarde en la Plaza Dos de Mayo, punto de encuentro de una representación estudiantil que agrupa a más de 40 universidades públicas y privadas a nivel nacional. Desde allí, los manifestantes denunciaron no solo el incremento de tarifas, sino también la falta de respeto al medio pasaje, un derecho que —según indicaron— es ignorado de manera sistemática por conductores y empresas de transporte.
La escena no es nueva. Lo que cambia es la intensidad del malestar.
Porque mientras los usuarios denuncian cobros arbitrarios y, en muchos casos, tratos prepotentes, la respuesta desde las autoridades parece diluirse entre la burocracia y la inacción. La pregunta, entonces, vuelve a instalarse con fuerza en las calles: ¿dónde está la fiscalización?
¿Dónde está el control por parte del Ministerio de Transportes o de las entidades competentes frente a un servicio que, en la práctica, opera sin reglas claras para el usuario?
Hoy, miles de estudiantes han hecho sentir su voz. No solo por el costo del pasaje, sino por algo más de fondo: la sensación de que, frente a la ausencia del Estado, cada quien termina pagando —literalmente— las consecuencias.
Porque cuando trasladarse para estudiar se convierte en un abuso cotidiano, el problema deja de ser solo económico. Se vuelve, inevitablemente, social.