Presidenta Dina Boluarte denunciada constitucionalmente e investigada por la fiscalía

Tras desatarse el escándalo de los Rolex, relojes de la prestigiosa marca, que la presidenta Dina Boluarte, luciera en más de una ocasión y sobre los que, en su momento, declarara serían “prestados” por su amigo (su “huayki”), Wilfredo Oscorima, presidente regional de Ayacucho, diversas investigaciones se han desatado, poniendo en tela de juicio lo afirmado por la mandataria, quien además luciera también joyería de oro y diamantes.

Finalmente la fiscalía ha presentado contra ella una denuncia constitucional por el caso, conocido también como ‘Rolexgate’, acusándola de soborno, violando presuntamente así la constitución por favorecer la gestión del gobernador regional de Ayacucho, Wilfredo Oscorima a cambio de estos lujosos relojes, aretes de oro y una pulsera de alta gama.

La denuncia ha sido presentada por el propio fiscal de la Nación, Juan Carlos Villena quien ha entregado 33 elementos de convicción que comprometen seriamente a Boluarte Zegarra por el delito de cohecho pasivo impropio.

Dos testimonios claves en este caso, serían los de dos exfuncionarias públicas, la exconsultora de Palacio, Carmen Giordano, quien contó a la Fiscalía que fue testigo de cómo Oscorima le entregó un reloj a la presidenta en el despacho presidencial. Así como, la exfuncionaria del MEF, Jéssica Camacho, denunció que fue despedida por razones políticas.

Foto tomada de la Agencia EFE/Paolo Aguilar

Dina Boluarte, acudió hoy en medio de un fuerte resguardo policial, a declarar en el despacho del fiscal de la Nación, Juan Carlos Villena, sobre la desactivación de un equipo policial anticorrupción horas antes de que arrestara a su hermano Nicanor, un caso por el que está investigada por posible obstrucción a la justicia.

Tras su salida, el abogado de la presidenta, Juan Carlos Portugal, declaró que ella habría respondido a absolutamente todas las preguntas, de las aproximadamente 50, formuladas por la fiscalía (incluida una única pregunta de la procuraduría), sin acogerse en ningún momento a su derecho a guardar silencio.

Cabe precisar que la denuncia constitucional es un procedimiento especial que se aplica a los altos funcionarios del Estado, entre ellos la presidenta, quien goza de inmunidad. Dirigida al Congreso, ahora la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales debe determinar su procedencia antes de poner a consideración del pleno, quien deberá decidir, en última instancia, si recomienda acusar a Boluarte o no por este caso.

Por: Christian Loureiro
noticias@laotraprensa.com