El Ministerio Público, en coordinación con la Dirección Contra la Corrupción de la Policía Nacional, allanó la vivienda del recientemente renunciado jefe de la ONPE, Piero Corvetto, como parte de una investigación por el presunto delito de colusión agravada, en el marco de las irregularidades registradas durante las últimas elecciones generales.
La diligencia fiscal se extendió también a otros 12 inmuebles vinculados a personas bajo investigación, en una operación simultánea orientada a recabar pruebas sobre lo que, según las pesquisas preliminares, podría configurar un presunto sabotaje electoral.
Durante el operativo, agentes policiales incautaron diversos dispositivos electrónicos y documentación relevante, que serán sometidos a peritaje con el objetivo de esclarecer los hechos y determinar eventuales responsabilidades.
Este nuevo capítulo se abre en medio de cuestionamientos que, desde distintos sectores, se han venido formulando respecto al desarrollo del proceso electoral, marcado por denuncias de irregularidades que hoy son materia de investigación fiscal.
Por ahora, será la evidencia la que tenga la última palabra. Pero lo ocurrido deja una señal inquietante: cuando la transparencia de un proceso electoral es puesta en duda, no solo se investigan hechos, se pone en juego la confianza de todo un país.