Un policía y más de 40 manifestantes muertos hasta el momento, dan cuenta de la magnitud de los hechos de violencia registrados en Colombia en medio de manifestaciones que se vienen dando principalmente en las localidades de Bogotá, Medellín y Cali, así como en otros puntos de ese país, que en los últimos días enfrenta también un “paro nacional” y esto pese a que su gobierno diera marcha atrás en su intención de elevar los impuestos mediante un decreto legislativo, que tras la presión ciudadana, tuvo que retirar. Era una propuesta con la que pretendía paliar el efecto devastador de la pandemia que en un año ha dejado cerca de 80,000 mil muertos en ese país. Sin embargo, la fuerte represión policial ha motivado también la reacción de la población que volcada a las calles no cesa de manifestar, hoy también por los abusos de autoridad que se tornan ya ante los ojos del mundo en condenables hechos de violación de los derechos humanos. Tanto la Organización Mundial de las Naciones Unidas (ONU), como la Unión Europea (UE) han condenado también esta situación de violencia y uso desproporcionado de la fuerza contra los manifestantes civiles, desarmados, además. “Estamos profundamente alarmados por los acontecimientos ocurridos en la ciudad de Cali en Colombia (…) la Policía abrió fuego contra los manifestantes que protestaban contra la reforma tributaria, matando e hiriendo a varias personas, según la información recibida”, declaró en Ginebra Marta Hurtado, portavoz de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Por otro lado, hay que decirlo, se habla también de infiltración de grupos violentistas de la guerrilla del ELN y disidentes de las FARC, así como de financiamiento del narcotráfico en las protestas que procura azuzar el vandalismo y la violencia como una manera de desestabilizar el estado. Lo comprobable sin embargo hasta el momento, son los excesos policiales y la muerte de civiles que salieron pacíficamente a ejercer su derecho de manifestar, hechos debidamente denunciados por la Defensoría del Pueblo de ese país.