Ministerio Público y Policía Nacional, allanaron hoy por la mañana, vivienda y oficina de Vladimir Cerrón por disposición judicial.
Simultáneamente, fiscales y agentes de la Policía ingresaron a la vivienda y a la oficina del fundador de Perú Libre, Vladimir Cerrón, ubicadas en la ciudad de Huancayo.
Dichas intervenciones fueron dispuestas por el juez John Pillaca del Sexto Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional de la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada, en requerimiento del fiscal Richard Rojas de la Primera Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Delitos de Lavado de Activos.
El magistrado autorizó el «allanamiento, registro domiciliario, personal, incautación de bienes y descerraje», con la finalidad de «hallar información financiera contable» en dispositivos de almacenamiento electrónicos o de cómputo «vinculados a las actividades criminales previas y relacionadas al delito de lavado de activos ejecutadas por los miembros de la presunta organización criminal» que se habría conformado dentro de Perú Libre «entre los años 2008 al 2021».
Según se supo, se buscaba también encontrar información, en documentos y otros objetos relacionados, sobre el aporte de dinero y sobre el patrimonio adquirido y utilizado dentro de las campañas políticas de Perú Libre y sus miembros en el referido periodo.
Vladimir Cerrón, se pronunció al respecto vía Twitter y rechazó las intervenciones dispuestas por el Poder Judicial. «Fiscalía allana por segunda vez mi domicilio en ausencia de sus propietarios y una oficina de la que no soy dueño y ellos lo saben porque los propietarios se lo demostraron así en el primer allanamiento», refirió en un tweet. Además, calificó la medida como un «abuso y una persecución sin límites en busca de lo inexistente».
Como se recuerda, el primer allanamiento a la vivienda de Vladimir Cerrón se dio el 28 de agosto del año pasado; ordenada en aquella ocasión por la Primera Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Delitos de Lavado de Activos, esto en el marco de las investigaciones por la presunta financiación ilegal de Perú Libre a través de cobros realizados por la Dirección Regional de Transportes de Junín, donde los funcionarios pedían supuestamente sobornos a los solicitantes de licencias de conducir.