Graves acusaciones contra fiscal de la Nación Patricia Benavides

Nuevo clima de inestabilidad política, tras las graves acusaciones que, circulan contra la fiscal de la Nación, y su entorno.

El Equipo Especial contra la Corrupción ha intervenido la madrugada de este lunes la sede del Ministerio Público en el marco de una investigación que alcanza a la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, a quien se le acusa de encabezar una organización criminal junto a tres de sus asesores, quienes serían, los colegiados Alberto Hurtado Espinoza, Miguel Ángel Girado Isidro y Jaime Javier Villanueva Barreto.

La presunta organización criminal, tendría un altísimo grado de influencia en el parlamento.

Se ha conocido en las últimas horas lo que serían chats de conversaciones en los que se evidenciaría la forma en la que operaba esta y sus intereses e injerencia política en cuanto a la destitución de los titulares de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), la designación del actual defensor del pueblo, Josué Gutiérrez, y la inhabilitación de Zoraida Ávalos como Fiscal de la Nación. Lo del el Defensor del Pueblo realmente preocupa, pues él es quien preside la comisión que elegirá a la nueva Junta Nacional de Justicia.

La justicia apunta a Villanueva Barreto, mano derecha de Benavides y ex asesor de la fiscalía de la Nación, cuyos chats lo incriminan en una serie de maniobras al interior del aparato de justicia y el Congreso de la República. Villanueva Barreto se internó en la clínica San Pablo, en Lima, aduciendo una descompensación durante las primeras horas de este lunes. Fue allí, tumbado en la camilla, con la vía en la muñeca, que la Fiscalía le leyó sus derechos y el motivo de su detención por 10 días. Los médicos legales determinaron que su salud no corría peligro y le dieron de alta a media mañana. Villanueva Barreto caminó hasta la patrulla policial por sus propios medios, evidenciando un restablecimiento inmediato. Según la tesis fiscal, Jaime Javier Villanueva Barreto es un hombre clave, pues realizaba coordinaciones a nombre de Patricia Benavides.

Al frente de toda esta situación ha salido la propia fiscal de la Nación, Patricia Benavides, quien ha negado rotundamente todas estas acusaciones, calificando lo ocurrido de “ataques premeditados de quienes se oponen a la labor que la ley nos encarga: luchar contra la impunidad orquestada en las más altas esferas del poder”. “Pese a ello el despacho de la Fiscalía de la Nación viene dando todas las facilidades a los fiscales del Equipo de Fiscales contra la Corrupción de Poder a fin de que realicen todas las investigaciones dispuestas, así como lo ordenado por el Sétimo Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional”. Recordó además que, el Ministerio Público tiene a su cargo investigaciones de máxima relevancia en las que los implicados son “personas que van a intentar utilizar todo su poder para obstruir el avance de la justicia”. “Las últimas horas son una demostración de quienes no quieren ser investigados y tienen aún la capacidad de ejercer represalias contra la institución que represento”. Expresó además su determinación de no retroceder, dado que tiene un compromiso firme con la labor que realiza.

No obstante, resulta por demás curioso que, mientras el Equipo Especial contra la Corrupción del Poder allanaba las oficinas de Patricia Benavides (fiscal de la Nación en mención), y su círculo más cercano, esta firmara inmediatamente la salida de quien encabezaba el operativo en su contra, la fiscal Marita Barreto.

Por esta acción, la fiscal Marita Barreto, solicitará una medida cautelar ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por lo que considera un acto de hostigamiento, persecución, acoso y represalia.

Por la tarde, el curso de los acontecimientos sumó un movimiento más, por parte de la fiscal de la Nación, Patricia Benavides quien presentó una denuncia constitucional contra la presidenta Dina Boluarte y el primer ministro Alberto Otárola por las muertes de los manifestantes durante las protestas en contra del gobierno. La denuncia por presunta comisión del delito de homicidio calificado también incluye a los exministros del Interior, César Augusto Cervantes, Víctor Rojas Herrera y Vicente Romero.

En tanto, la congresista Ruth Luque denunció constitucionalmente a la fiscal de la Nación por presunta infracción a la Constitución y los supuestos delitos de organización criminal y tráfico de influencias. A su vez, ha trascendido que la Junta de Fiscales Supremos se ha reunido para pedir la renuncia de la máxima autoridad del Ministerio Público.

Todo un enfrentamiento entre nuestras máximas autoridades y padres de la patria, del que los peruanos, testigos de las noticias, vemos frente a nuestras pantallas con total indignación. Ejecutivo, Legislativo y Judicial, enfrascados en evidentes disputas por el poder, motivadas por la ambición y la protección de sus propios intereses. Un Poder Judicial desacreditado, un Congreso patético y acostumbrado a legislar a espaldas de la ciudadanía y una presidenta, que, a decir de la mayoría, debió llamar a nuevas elecciones hace rato.

Esa es nuestra realidad, en medio de la difícil situación económica y de inseguridad que cotidianamente se vive, con la delincuencia sembrando zozobra y ganando terreno en las calles, nos toca lidiar con una, que aún de cuello y corbata, resulta, en una de esas, mucho más escandalosa.

¿Hasta cuándo lo vamos a tolerar?

Por: Christian Loureiro
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